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Préstamos del BID durante la pandemia de la COVID-19: caso Bolivia
1.2.3.
Estrategia nacional
desplegada
• 1 de septiembre: Bolivia fase de
posconfinamiento.
La política pública del Estado boliviano
pretendió un equilibrio entre la situación
de salud de los bolivianos y la situación
económica del país, de allí la opción de
restricciones en la circulación a través
de confinamiento y transferencias
condicionadas
mediante
bonos
principalmente. La relación de pago de
bonos y entidades financieras puede
revisarse en los anexos de este informe.
Las
medidas
progresivas:
adoptadas
fueron
• 12 de marzo: se suspenden las labores
educativas.
• 17 de marzo:7 se declaró el estado de
emergencia sanitaria, la cuarentena
parcial y el cierre total de fronteras.
• 21 de marzo:8 se declaró cuarentena
total hasta el 4 de abril de 2020,
para ampliarla hasta el 15 de abril y,
posteriormente, hasta el 31 de mayo;
esta última vez bajo un nuevo esquema
denominado cuarentena dinámica.
• Mayo: se adoptó un esquema de
cuarentena condicionada y dinámica
sobre la base de un informe semanal
de condiciones de riesgo bajo tres
categorías: alto, medio o moderado,
para cada municipio a cargo del
Ministerio de Salud.
• Junio: se adoptó cuarentena dinámica
y
condicionada,
delegando
en
los gobiernos departamentales y
municipales la elaboración, ejecución
e implementación de planes de
contingencia para mitigar el contagio y
la propagación de la COVID-19.
7.
El
comportamiento
del
gobierno
denominado transitorio para la política
pública en torno a la COVID-19 fue la
emisión de numerosos decretos supremos,
esto en virtud de la imposibilidad para la
aprobación de leyes debido a su minoría
en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Como se puede observar en el anexo 2,
por la numerosa cantidad de decretos
emitidos —se identificaron 88 normas en 8
meses de gobierno9— la tónica es la de un
avance errático a tientas y contradictorio.
De todas esas normas —leyes y decretos—
doce constituyen operaciones de deuda
soberana contraídas por Bolivia con la CAF,
el BID, el FMI, el IFR y la AFD, relacionadas
con la COVID-19. Conviene destacar que,
de estas, solo ocho decretos se traducen
en una ley del Estado para la operación
de la CAF durante la gestión de gobierno
de J. Áñez.
Un documento que clasifica la labor
realizada por el gobierno boliviano
identificando la estrategia implantada
a través de una revisión de la normativa
utilizada es un documento del Parlamento
Andino, que la clasifica en a) en el sector
salud, b) política, c) social, d) empleo
y economía, e) telecomunicaciones,
f) educación, g) transporte, h) sector
financiero, i) sector tributario, j) turismo y
k) contratación pública y fiscalización de
recursos (Parlamento Andino, 2021).
En materia de la política económica de
lucha contra la COVID-19 fue conducida
inicialmente por el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de Bolivia
para el apoyo a la población en la lucha
contra esta enfermedad durante 2020.
El 17 de marzo de 2020, el gobierno de la presidente J. Áñez declaró una emergencia sanitaria nacional mediante el Decreto Supremo 4196. Entre
las disposiciones, a los ciudadanos solo se les permite salir de sus hogares un día a la semana, organizados de acuerdo con el último número del
documento de identificación.
8. A través del Decreto Supremo 4200, de 25 de marzo de 2020, se establece la declaratoria de emergencia sanitaria, la cuarentena total el refuerzo y el
fortalecimiento de las medidas en contra del contagio y propagación del coronavirus (covid-19) en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia,
a partir de las cero horas del jueves 26 de marzo de 2020 hasta el miércoles 15 de abril de 2020 con suspensión de actividades públicas y privadas.
Luego, a través de otros decretos, la cuarentena se ha ampliado dos veces.
9. Si asumimos que el gabinete ministerial de manera ordinaria se reúne una vez a la semana, estaríamos hablando de aproximadamente a 40 gabinetes
con un promedio de alrededor dos decretos vinculados a la covid-19 por sesión.