25 Préstamos del BID durante la pandemia de la COVID-19: caso Bolivia NORMAS AMBIENTALES CONTENIDO Ley 1700. Forestal, del 12 de julio de 1996 Tiene el objetivo de regular la utilización sostenible y la protección de los bosques y tierras forestadas además de garantizar la conservación de los ecosistemas y facilitar a toda la población el acceso a los recursos forestales. Ley 755 Gestión Integral de Residuos del 28 de octubre de 2015 Establece la política general y el régimen jurídico de la gestión integral de residuos. Prevención, aprovechamiento, planificación, financiamiento e información. Fuente: Elaboración propia. En 2019 se publicó en la revista científica Nature Ecology and Evolution la investigación «Un año crucial para la política de la conservación en Bolivia», que revisa la gestión ambiental de los trece años anteriores a la publicación. El estudio hace referencia al «liderazgo de Bolivia en temas ambientales, sobre todo por su reconocimiento legal a los derechos de la naturaleza y su participación decisiva en la formulación de compromisos internacionales como ha sido el caso del Acuerdo de París sobre cambio climático» (Mongabay, 2019). También precisa que contradictoriamente «el gobierno ha aprobado actividades nocivas para el medio ambiente que amenazan la red de áreas protegidas y los territorios indígenas de Bolivia», básicamente a través de la exploración de hidrocarburos, la construcción de represas, la ejecución de carreteras y la expansión agrícola. Dos casos en la investigación se presentan como emblemáticos: • En 2007 Bolivia respalda la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El mismo año se declara como prioridad nacional la construcción de las represas El Bala y El Chepete, ubicadas en territorios indígenas. • En 2010 se aprueba la Ley de los Derechos de la Madre Tierra. El mismo año se autoriza la construcción de la carretera que divide en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). En 2020, el Banco Interamericano de Desarrollo y World Justice Project publicaron un estudio de indicadores de gobernanza ambiental para América Latina y el Caribe, el cual realiza una medición del funcionamiento de la gobernanza ambiental en la práctica en diez países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay. La medición se resume en un cuadro que, para el caso de Bolivia, refleja los siguientes indicadores: