47 Préstamos de las instituciones financieras de desarrollo en Perú dedicadas a desarrollar herramientas que permitan también la contratación de pueblos indígenas o la coordinación con las mismas organizaciones indígenas para identificar a aquellas personas que pueden insertarse en los trabajos ofrecidos. En la misma línea, en el caso de Proregión, el proyecto se desarrolla en un área de influencia directa e indirecta a pueblos indígenas, razón por la que deben aplicarse consultas y relacionamiento socioculturalmente adecuado. Lo que no queda claro es si se trata de la consulta previa libre e informada o solo espacios informativos, donde no se recogen las exigencias de las comunidades, con lo que se estaría debilitando aún más el derecho de los pueblos indígenas. Es preocupante que se defina una herramienta menor a la consulta sin antes presentar un documento de evaluación y resultados donde se verifique que realmente las comunidades no sufrirán impactos. En el caso de los fondos proporcionados por el BID, se puede encontrar una historia parecida. Debido a que los fondos aún no se están implementando, no hay mucho que se pueda decir alrededor de los derechos vulnerados. No obstante, de manera preventiva, se puede observar la forma en que el banco se relaciona con los pueblos indígenas. Es necesario que los fondos, proyectos y programas que busquen el cumplimiento del Pacto de Leticia contengan procesos de participación vinculantes, que respeten las estructuras organizativas y los procesos establecidos por los propios beneficiarios, de manera que las organizaciones de la sociedad civil y los pueblos indígenas puedan influir en la construcción del proceso y las propuestas, así como en la toma de decisiones. Esta sería la única manera de asegurar que las acciones que son parte del Pacto, en especial aquellas relacionadas a bioeconomía, cuenten con la visión y el conocimiento de los pueblos indígenas, las mujeres y la sociedad civil en general, y no sea un proceso unidireccional propuesto por el banco. Por último, es importante señalar lo relacionado al acceso de información al momento de rastrear los préstamos. La información presentada en este estudio se realiza a través de un esfuerzo de recolectar distintos documentos en páginas del banco y en páginas de las entidades gubernamentales peruanas correspondientes, como el Ministerio de Economía y Finanzas, así como de solicitudes de información bajo el derecho de acceso a la información de la ley peruana. Pese a ello, la información sigue siendo escasa o confusa para la ciudadanía. La mayoría de las veces las solicitudes de información enviadas regresaban a la página oficial del banco, cuyos documentos suelen estar en archivos difíciles de acceder. El BID cuenta con una plataforma en la que se puede acceder a datos abiertos de los créditos que aprueba por país, con documentos anexos y detalles de estas operaciones. Asimismo, tiene una política de accesibilidad y se ha suscrito a la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda. Sin embargo, en los temas de cláusulas ambientales y de derechos humanos, la información suele ser bastante escasa. Usualmente, el banco proporciona datos sobre el perfil del proyecto: los objetivos, el equipo encargado de la operación, el organismo o entidad ejecutora, el plan financiero, la justificación de la acción, los beneficiarios, los resultados esperados, los aspectos técnicos, los riesgos ambientales y el cronograma, pero acceder a conocer los posibles impactos y las medidas socioambientales determinadas por el BID es complicado. Por otro lado, en relación con los préstamos financiados por el Banco Mundial, se ha podido evidenciar que estos se enfocan en el sector social, donde se emplea el uso de las tecnologías de información para implementar líneas de ayuda, sistemas de comunicación e infraestructura. Ello, en definitiva, beneficiará a la población peruana en su totalidad, en específico a los sectores vulnerables en situaciones de emergencia.