En 2019 se publicó en la revista científica Nature Ecology and Evolution la investigación Un Año Crucial para la Política de la Conservación en Bolivia que revisa la gestión ambiental de los 13 años anteriores a la publicación. El estudio hace referencia al “liderazgo de Bolivia en tema ambientales, sobre todo, por su reconocimiento legal a los derechos de la naturaleza y su participación decisiva en la formulación de compromisos internacionales como ha sido el caso del Acuerdo de París sobre cambio climático” (Mongabay, 2019). También precisa que contradictoriamente “el gobierno ha aprobado actividades nocivas para el medio ambiente que amenazan la red de áreas protegidas y los territorios indígenas de Bolivia” básicamente a traves de la exploración de hidrocarburos, la construcción de represas, la ejecución de carreteras y la expansión agrícola. Dos casos en la investigación se presentan como emblemáticos: ● ● En 2007 Bolivia respalda la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El mismo año se declara como prioridad nacional la construcción de las represas El Bala y El Chepete, ubicadas en territorios indígenas. En 2010 se aprueba la Ley de los Derechos de la Madre Tierra. El mismo año se autoriza la construcción de la carretera que divide en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). En 2020 el Banco Interamericano de Desarrollo y World Justice Project publicaron un estudio de Indicadores de Gobernanza Ambiental para América Latina y el Caribe, el mismo realiza una medición del funcionamiento de la gobernanza ambiental en la práctica en diez países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay. La medición se resume en un cuadro que para el caso de Bolivia refleja los siguientes indicadores: Ilustración 3 Indicadores de gobernanza ambiental en Bolivia 20