12 Préstamos del BID durante la pandemia de la COVID-19: caso Ecuador financiero y económico. Esto trajo consecuencias desastrosas para el país, pues todo desembocó en el famoso Feriado Bancario de 1999 y la dolarización total de la economía nacional (Paz y Miño Cepeda, 2019). La imagen del FMI en la sociedad civil ecuatoriana y en la población en general también se vio afectada a raíz de los llamados préstamos estructurales de la década de 1980. Sectores campesinos, indígenas y de izquierda moderada protestaron fuertemente contra las reformas planteadas por el organismo con respecto al rol del Estado y de la administración pública; las banderas de estas organizaciones contra el organismo multilateral fueron la lucha contra la privatización (de sectores como educación, salud y seguridad social) y la oposición a la autorregulación bancaria. Este sentimiento solo acrecentó hacia finales del siglo XX por lo expresado en el anterior párrafo. Durante los primeros años del siglo XXI, la inestabilidad política y económica del Ecuador hizo que el organismo internacional vea al país con un riesgo, por lo que limitó las líneas de crédito a dos arreglos, los cuales fueron aprobados y desembolsados en el 2000 y en el 2003. A partir del 2004 hasta el 2016 no hubo acercamientos del Ecuador hacia el FMI. El expresidente Rafael Correa manifestó su intención de no depender de los organismos internacionales de financiamiento y dio preferencia a los organismos bilaterales de cooperación, específicamente a los de economías emergentes y de cooperación sur-sur. Esto debido a la facilidad de aprobación, interés competitivo y favorable para el receptor, y la inexistencia de cláusulas sobre cambios estructurales (Paz y Miño Cepeda, 2019). A pesar del discurso en contra de las IFD tradicionales bajo la administración Correa, en 2014 acudió al FMI para avalar la colocación de bonos soberanos en el mercado financiero internacional, y en el 2016, hacia el final de su segundo y último mandato, recurrió al mismo organismo para negociar una línea de crédito para solventar los problemas de balanza de pagos (Paz y Miño Cepeda, 2019). El FMI reconoció los problemas que generó durante las décadas de 1980 y 1990 con sus préstamos de ajuste estructural y sus aproximaciones optimistas de los posibles resultados a largo plazo en economías en desarrollo, especialmente en América Latina, todo a raíz de la crisis económica del 2008. En el 2011, la entonces flamante presidenta del FMI, Christine Lagarde, durante una entrevista dio a conocer que la institución tendría un cambio de enfoque, propendiendo a fomentar la estabilidad económica de los Estados miembros y la eliminación de condicionantes estructurales que afecten el desarrollo de políticas sociales y que se buscaría brindar asistencia técnica en temas macroeconómicos, administrativos y fiscales (Bermúdez, 2019). Desde el 2017, el Ecuador ha intentado reconstruir su imagen frente al FMI. Específicamente, el gobierno de Lenín Moreno acudió al organismo para hacer uso de la ayuda técnica antes mencionada y solicitar créditos para solventar las necesidades económicas heredadas de la anterior administración y solucionar los problemas que se generaron. Es así como durante su administración se aprobaron tres desembolsos: uno en el 2019 y dos en el 2020. Además de los desembolsos, el organismo emitió sus recomendaciones técnicas, en las cuales se recomendó la eliminación de subsidios a los combustibles, con el objetivo de estabilizar el déficit fiscal. Esto no tuvo gran acogida entre los sectores campesino e indígena, que renovaron su descontento hacia el organismo internacional y cuestionaron al Gobierno nacional. Esto llevó a protestas sociales, disturbios y levantamientos de varios sectores ante lo que fue visto como un nuevo intento de reformas estructurales impuesto por el FMI. Como respuesta ante el descontento social, el gobierno aceptó la propuesta de la representación del sistema de Naciones Unidas en el país y convocó a un Diálogo Nacional con los sectores que