27 Préstamos del BID durante la pandemia de la COVID-19: caso Bolivia 1.3.2. Respecto a Bolivia, los puntajes más altos (entre 0,5 y 1, donde 1 es el mejor puntaje posible) son resultado de la verificación de la existencia de la normativa; sin embargo, el mismo estudio que cada país tiene un marco legislativo «en materia ambiental que aborda cuestiones ambientales multisectoriales y la toma de decisiones ambientales en términos amplios. No obstante, existen brechas entre las leyes existentes y la implementación en la práctica». Es el caso del país. La parte cuatro del Estudio, referida a la gobernanza ambiental en la práctica, se sostiene en tres pilares: Estado del derecho ambiental, prácticas por tema ambiental y prácticas por sectores. En cuanto al Estado de derecho ambiental, los datos muestran que la implementación es un reto con puntajes siempre menores a 0,5: regulación y cumplimiento (0,34), participación ciudadana (0,29), derechos fundamentales ambientales y sociales (0,43), acceso y calidad de la justicia (0,37). Estos números muestran la fragilidad en la implementación de la normativa. Balance de la flexibilización ambiental en el contexto COVID-19 adoptar la flexibilización en medidas y procedimientos. De la revisión de la normativa aprobada el 2020, se identifican algunas normas que se relacionan con el tema medioambiental: La declaratoria de una situación de riesgo y emergencia supone inevitablemente TABLA 5 Relación de normas relacionadas con temas ambientales NRO. D. S. 4232 4313 4320 FECHA 7 de mayo 24 de agosto 31 de agosto OBJETO OBSERVACIONES De manera excepcional se autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados. No hace referencia a la Ley de la Madre Tierra, que en su artículo 24 prohíbe «la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas» en el país. Autoriza la exención del pago total de los tributos de importación a la donación de mercancías a favor del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Aunque la norma no vulnera la normativa ambiental, realiza un distribución arbitraria de la donación. Modifica artículos del Decreto Supremo 29215, del 2 de agosto de 2007, refiere a INRA y modificaciones de funcionamiento. La fundación Tierra denunció que el decreto se aprobó «para favorecer al agropoder y ocultó deliberadamente toda información sobre quiénes son los beneficiarios, qué extensiones tienen las propiedades tituladas y cuáles son las resoluciones de respaldo emitidas por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)» (Tierra, 2020). La denuncia hace mención particular a la consolidación de dos propiedades agrarias a favor del entonces ministro de Economía Branko Marinkovic.