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Préstamos de las instituciones financieras de desarrollo en Perú
También se cuenta con las opiniones
consultivas de la Corte IDH, que son
respuestas a las preguntas formuladas
por los países a este organismo. Si bien
estas no son vinculantes, forman parte
del denominado soft law, por lo que las
aclaraciones que ofrecen a controversias
son trascendentes. Ahora bien, la opinión
consultiva con gran relevancia dentro
del marco ambiental es la OC-23/17, que
respondió a la solicitud de Colombia y fue
2.1.
publicada el 7 de febrero de 2018. La Corte
menciona la intrínseca relación entre los
derechos humanos y la defensa del medio
ambiente. De igual manera, se recordó que
la responsabilidad y obligación internacional
de los Estados es brindar protección a los
ciudadanos y al medio ambiente, tomando
en cuenta la vulneración que sufren las
comunidades indígenas y los defensores y
las defensoras ambientales.
Est��ndares de
iniciativas tripartitas
Figuran también los estándares voluntarios,
como el de la Iniciativa para la Transparencia
de las Industrias Extractivas (EITI, por sus
siglas en inglés), creada en 2002, en la
Cumbre de Johannesburgo, y a la cual
Perú se encuentra suscrito desde 2005.
El EITI promueve la transparencia fiscal
del sector extractivo (minería, petróleo
y gas) y en 2019 se incorporó el requisito
6, sobre difusión ambiental y social, en el
que es obligatorio transparentar los pagos
ambientales. El EITI permite una mejor
gobernanza de los recursos naturales y
mejora la gobernabilidad al generar mayor
confianza en los ciudadanos. Es una buena
práctica que contribuye a la lucha contra la
corrupción y promueve una mejor inversión
de lo recaudado para el bienestar social y
el desarrollo sostenible.
Existe, además, la Alianza Gobierno Abierto
(OGP, por sus siglas en inglés), fundada
en 2011 por ocho países. A la fecha, la
conforman setenta países, entre ellos Perú.
La OGP busca promover la transparencia
y el acceso a la información pública de
manera sencilla y clara; la participación
ciudadana para la conformación de las
políticas públicas, y la colaboración de los
ciudadanos y las empresas en la búsqueda
de soluciones. Estos pilares plantean
un plan de acción que es ejecutado por
cada Gobierno y debe ser implementado
eficientemente para una mejor gobernanza.
Finalmente, en el marco internacional, se
cuenta con estándares de parte de las
IFD. Las primeras normas de desempeño
ambiental y social se originaron con el
Marco de Sostenibilidad de la Corporación
Financiera Internacional (IFC), modelo a
partir del cual siguieron instituciones como
el Banco Mundial y el Grupo BID para
elaborar sus propios estándares.