46 Préstamos de las instituciones financieras de desarrollo en Perú Lo mencionado no es solo porque se necesitan estos espacios para realizar las actividades previstas, sino también por la probable contaminación ambiental que se genere en sus recursos naturales. De no instalarse los mecanismos jurídicos que faciliten a los pobladores proteger sus territorios, se puede debilitar el derecho fundamental a la propiedad y a la posesión. Asimismo, se debe evitar perjudicar el derecho a una vida digna en las comunidades aledañas que requieren de ecosistemas para sobrevivir. Al resultar destruidos o afectados, se restringirían a las comunidades indígenas de las fuentes de abastecimiento que poseen. Por otro lado, como se ha podido observar, muchos de los préstamos incluyen beneficiarios que directa o indirectamente, como en el caso de los préstamos que buscan fortalecer el trabajo de instituciones estatales, involucran la defensa y mejora de programas sociales para el cumplimiento de derechos de poblaciones vulnerables como mujeres, niños, trabajadores y pueblos indígenas. Al respecto, debido a que la mayoría de los préstamos se encuentran en aprobación y aún no en implementación, no hay mucho de lo que se pueda decir sobre derechos vulnerables. Sin embargo, sí podemos analizar y poner el foco de atención en cómo el banco identifica poblaciones vulnerables en la presentación de los préstamos. Esto es especialmente importante, ya que sin una definición clara de los beneficiarios del proyecto no es posible medir de manera adecuada los riesgos. Por ejemplo, alrededor del préstamo del «Programa de mejora del sistema de protección social en Perú (IADBPE-T1432)», la descripción de la población beneficiaria resulta muy amplia, debido a que los documentos analizados no especifican cómo se identificarán a los grupos sociales que mencionan, a pesar de ser información necesaria por términos de transparencia. Por ejemplo, en el caso de las personas que viven en zonas vulnerables al cambio climático, no queda claro quiénes son los beneficiarios. Por ello, la descripción del préstamo genera expectativas en todos estos grupos sociales, así como confusión en cuanto quienes integran los mismos, pues no existe una delimitación clara en ese caso específico. Asimismo, un gran componente del préstamo, como se mencionó en la sección anterior, está relacionado a mejorar el acceso al aseguramiento contra la pérdida de ingresos y favorecer el incremento de la formalidad laboral y la mejora del aseguramiento social. En ese sentido, es adecuado mencionar que el contexto de la seguridad laboral en el Perú debe ser tomado en cuenta para una correcta identificación de los beneficiarios del préstamo. De acuerdo al Decreto de Urgencia n.o 127-2020, aprobado en el marco de este préstamo, los subsidios están dirigidos a los empleadores del sector privado que cuentan con un régimen laboral dentro del marco legal, es decir, en el ámbito formal, por lo que no estaría incluida la población vulnerable como lo señala la propuesta del préstamo, menos aun desagregando mediante raza/género/ etnia como señala la matriz de la política en el anexo II del perfil del proyecto. Además, es importante tener en cuenta que la tasa de empleo informal era de 72.7 % nacional. Sin embargo, con la llegada de la COVID-19, este índice creció en 2.6 puntos porcentuales, mayor que el año anterior, hasta ubicarse en un 75.3 % del total de ocupados en Perú. A partir de este número, el área rural representa el 96.1 % y es donde se ubican las regiones más pobres. Ahora bien, sobre la inclusión de los pueblos indígenas mencionados en los préstamos de mejora del sector de protección social y el sector salud, estos no incluyen criterios y enfoques para la participación y el diálogo con los pueblos indígenas, incluso cuando varias regiones amazónicas del Perú fueron las más afectadas en cuanto a servicios del Estado. Sin embargo, en ninguno de los documentos señalan la necesidad de contar con personal e instituciones