48 Préstamos de las instituciones financieras de desarrollo en Perú En definitiva, la implementación de estos proyectos demuestra que es necesaria una infraestructura adecuada para que el Estado pueda brindar servicios básicos a la ciudadanía más vulnerable. En ese sentido, es importante que la infraestructura que se implemente a partir de estos proyectos sea sostenible y la fiscalización de implementar las mejores prácticas socioambientales en cada sector queda en manos del Banco Mundial. Como bien ha afirmado Montgomery (2015), la infraestructura sostenible no solo permite un desarrollo económico sólido, la creación de empleo y la compra de bienes y servicios locales, sino que también mejora la calidad de vida de los ciudadanos, aumenta los impactos positivos (beneficios), ayuda a proteger nuestros recursos naturales vitales y el medio ambiente, y promueve un uso más eficaz y eficiente de los recursos financieros. Adicionalmente, se debe mencionar que no se pudo disponer de mucha información sobre estos préstamos, porque en la web de la institución no se encontraron documentos. La CAF, por su lado, ha financiado recursos no reembolsables para apoyar al sector salud y a las actividades de reactivación económica para las empresas pequeñas, medianas y grandes, así como al comercio exterior. Existe un riesgo respecto a la gestión y el diseño de políticas por parte del Gobierno peruano a partir del dinero de esos recursos. Puede suceder que el monto no sea destinado para la reactivación de la economía, sino para actividades que solo beneficien a las autoridades o a otros sectores económicos. Así, las actividades a realizar deben enfocarse en las medianas y pequeñas empresas que se han visto sumamente afectadas por la pandemia y la recesión económica peruana. A continuación, se muestra un cuadro con la recopilación de los préstamos desembolsados por las instituciones financieras en el marco de la pandemia de la COVID-19, lo que nos arroja un total de USD 13 758 317 826.00. Frente a una suma tan grande de dinero, es fundamental que, desde diferentes sectores, como el estatal, la sociedad civil y la ciudadanía en general, se vigilen las acciones del Gobierno peruano frente a los proyectos y se busque fomentar la participación en la toma de decisiones.