4. Conclusiones 1. En plena crisis es prácticamente imposible atender todos los aspectos de una emergencia, sucede en cualquier suceso de magnitud, sin embargo esta pandemia ha demostrado que no existía la mínima previsión de lo que se podría necesitar como respuesta – en particular para atender a ciertos grupos- y lo que se hizo fue ir “salvando circunstancias”. 2. El mundo en general se enfrenta a una situación novedosa y dinámica en la que el aprendizaje ha significado una serie de errores que ha afectado en mayor medida a la población más vulnerable de cada país; el caso de Bolivia tiene particularidades asociadas a otras crisis. La crisis política tiene una historia de larga data, caracterizada por la continuidad gubernamental de una organización política en la cual no se atendió la cuestión de salud, del medio ambiente ni de las necesidades de la población indígena. La crisis también tiene un antecedente cercano por la suspensión de un proceso electoral por denuncia de fraude, que desencadena una marcada fragilidad institucional y una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo -de mayoría opositora- impidiendo el desarrollo de estrategias para contener la pandemia, entre las que se encontraban la aprobación de créditos de la CAF, el BID y el BM. 3. Lamentablemente se percibe que el tratamiento de la crisis sanitaria del COVID-19 es similar al tratamiento de otras crisis, cualquiera fuere (terremoto, quema de bosques, inundación, huracán, etc). Al momento que se realiza la declaración del desastre se flexibilizan normas y procedimientos y posteriormente surgen denuncias de prácticas cuestionables, de hechos de corrupción y de escasez de transparencia. La más afectada siempre es la sociedad civil, que además de no beneficiarse de los recursos destinados tiene que asumir las consecuencias de los créditos o del mal uso de los recursos. Esta situación se repite a nivel local, nacional e internacional. 4. La cartera de los bancos multilaterales en Bolivia estuvo y está básicamente orientada a sectores relacionados con infraestructura (carreteras, construcción de hospitales, represas, y otros). La preferencia por infraestructura es compartida tanto por los gobiernos como por las agencias. En el caso de las multilaterales por el volumen de la operación que genera ampliación de cartera con menos gastos operativos o administrativos. Por el lado de los “prestatarios” por la posibilidad de corrupción o de manejos menos transparentes. Igual que con el tratamiento de situaciones de emergencia por crisis requiere de la atención y vigilancia de organizaciones de la sociedad civil que también han sufrido un proceso de desgaste en los años precedentes. 5. El BID informó que aumentó el financiamiento, ajustó instrumentos de préstamo y aceleró los procedimientos para ayudar a enfrentar la pandemia, tanto para la respuesta inmediata de salud como para apuntalar la recuperación. Sin embargo, pese a los anuncios generados desde el BID en Washington respecto a la aprobación de créditos en condiciones más expeditas, las dos operaciones aprobadas en el Directorio no tuvieron su correlato en el país por los momentos políticos. Ahora bien, esto pudo no significar perjuicio para los beneficiarios en el caso del préstamo Apoyo a poblaciones vulnerables afectadas por el COVID debido a que el Gobierno realizó el pago de bonos y facturas de luz con recursos del TGN en el momento que se anunciaron y el documento de la operación de préstamo especifica que “el prestatario podrá solicitar desembolsos en la modalidad de Reembolso de Gastos cuando haya realizado transferencias elegibles con recursos propios”. Es decir cuando el BID desembolsó los recursos el Gobierno tuvo flexibilidad para nuevos gastos no necesariamente asociados. 46