28 Préstamos del BID durante la pandemia de la COVID-19: caso Bolivia NRO. D. S. FECHA OBJETO OBSERVACIONES Autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la asignación presupuestaria de recursos adicionales para la atención a la emergencia nacional. Las declaratorias de emergencia crean las condiciones para que se vulnere el derecho de las poblaciones beneficiarias por el desvío de recursos. 4335 16 de septiembre Fortalece acciones en el marco de declaratoria de emergencia nacional por eventos recurrentes como pueden ser sequías, incendios, granizadas, heladas e inundaciones. 4354 29 de septiembre Establece un Posprograma de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques (UCAB). El decreto no establece los pasos inmediatos al cierre de la UCAB para evitar el desmonte indiscriminado, únicamente precipita el cierre. Declara situación de desastre nacional por la presencia de incendios forestales y sequía en el territorio nacional. Se autorizan a las instituciones y entidades públicas, realizar los ajustes presupuestarios correspondientes. Las declaratorias de emergencia crean las condiciones para que se vulnere el derecho de las poblaciones beneficiarias por el desvío de recursos. 4358 1 de octubre Fuente: Elaboración propia. A pesar de que la normativa no está directamente relacionada con la crisis sanitaria, algunos de los decretos supremos aprobados debilitan la legislación ambiental nacional. Se aprueban en plena pandemia y tienen efectos adversos para la población de la región involucrada y que generalmente es vulnerable. De las normas mencionadas en el cuadro, las más cuestionables están relacionadas 1.3.3. Derechos humanos: marco legal para los pueblos indígenas Del mismo modo que en los temas ambientales, la normativa sobre derechos de los pueblos indígenas tiene una evolución considerable: la con temas como la distribución de tierras o la autorización para el uso de semillas transgénicas. El PNUD ha advertido que «la desigualdad está asociada con la concentración de tierras con fines de especulación en los mercados, lo que suele implicar un proceso de deforestación rápida mediante incendios y tala, seguido de cambios en el uso de la tierra basados en la ganadería y los cultivos rentables de corto plazo» (PNUD, 2021). Constitución Política del Estado tiene un capítulo dedicado a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos (cap. 4) y garantiza la libre determinación y los derechos a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales.