12. La banca multilateral, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, deberán contribuir en la reactivación económica de Bolivia para encarar la crisis y en la mitigación de los efectos que está dejando la pandemia. Esta reactivación se realizará -entre otros- a través del impulso a proyectos de infraestructura. Existe un desafío muy importante pues el país, gobierno y sociedad civil, están ante el reto aprobar y apoyar proyectos que impulsen la reactivación sin aumentar el impacto ambiental y social. Esto significa cumplir normas locales pero también de las organizaciones. El propio BID viene informando desde hace años los problemas que enfrenta al interior de la organización y con los gobiernos de contraparte para cumplir con la normativa social y ambiental. No se puede olvidar que esta organización está en un proceso de transformación interna con el cambio de sus máximos ejecutivos y la aprobación -como resultado de largos procesos- de políticas que podrían beneficiar al sector. Su cumplimiento e implementación puede ser demorado como producto de la propia burocracia interna. El BID afirma cumplir la norma, su norma y la del país; y bajo ese mecanismo aprobaría los proyectos. Ese cumplimiento puede no significar un real compromiso ni de la institución ni de cada uno de sus funcionarios con los temas medioambientales y sociales, debido a que estos suelen retrasar aprobaciones, ejecuciones o desembolsos. No olvidemos la banca multilateral, sigue siendo siempre Banca. No necesariamente las metas financieras -que en definitiva son los negocios del Banco- soportan los temas sociales y ambientales. Un seguimiento al accionar interno del Banco a través de mayor acceso a la información de esos procesos, podría generar presión y otro comportamiento. 13. La banca multilateral y la ayuda para el desarrollo en general actúa en el país, bajo un nivel marcado de subordinación al “prestatario”, lamentablemente entendido solo como el circunstancial gobierno nacional respectivo, en desmedro de la población en su conjunto. La “colocación“ de créditos para la ampliación de la cartera se prioriza tanto por las facilidades que significa la contratación como la visibilidad de los resultados. Un hospital o una carretera se ven, una reforma de política no. Por ello, es necesario fortalecer los mecanismos de consulta y de acción de la sociedad civil, como guardiana y vigilante de los procesos de ayuda para el desarrollo. Las medidas de apoyo financiero deberían condicionarse a la consecución de mejoras ambientales a través de compromisos más firmes, por ejemplo seguimiento al cumplimiento de agendas nacionales e internacionales al respecto, y una actuación más enérgica en sectores altamente contaminantes como la minería en Bolivia. En este momento, la lucha contra la corrupción se debe priorizar a la par que la respuesta sanitaria. La emergencia requiere que la mitigación del riesgo de corrupción se incorpore en el apoyo de los donantes para evitar mayores daños a la población beneficiaria en particular y al país en general. Propuestas de políticas de protocolos de acción acordadas por IFDs frente a situaciones de riesgos y de crisis atípicas como la vivida por la pandemia ayudarían a futuro. 14. En momentos de crisis cuando las prioridades están relacionadas a la atención a la emergencia es altamente probable que se olvide el rol de la sociedad civil en los esfuerzos contra la corrupción. Es necesario sistematizar y difundir el rol de OSC en los sistemas de salud pública en otros países, regiones y crisis de salud, por ejemplo como en las funciones de monitoreo y rendición de cuentas. 49