Fuente: (BID & World Justice Project, 2020) Respecto a Bolivia, los puntajes mas altos (entre 0,5 y 1, donde 1 es el mejor puntaje posible) son resultado de la verificación de la existencia de la normativa, sin embargo el mismo estudio que cada país tiene un marco legislativo “en materia ambiental que aborda cuestiones ambientales multisectoriales y la toma de decisiones ambientales en términos amplios. No obstante, existen brechas entre las leyes existentes y la implementación en la práctica”. Es el caso del país. La parte cuatro del Estudio referida a la Gobernanza Ambiental en la práctica, se sostiene en tres pilares: Estado del Derecho Ambiental, Prácticas por Tema Ambiental y Prácticas por Sectores. En cuanto al Estado de Derecho Ambiental, los datos muestran que la implementación es un reto con puntajes siempre menores a 0.5: Regulación y Cumplimiento (0.34), Participación Ciudadana (0.29), Derechos Fundamentales Ambientales y Sociales (0.43), Acceso y Calidad de la Justicia (0.37). Estos números muestran la fragilidad en la implementación de la normativa. Balance de la flexibilización ambiental en el contexto COVID La declaratoria de una situación de riesgo y emergencia supone inevitablemente adoptar la flexibilización en medidas y procedimientos. De la revisión de la normativa aprobada el 2020 se identifican algunas normas que se relacionan con el tema medioambiental: 21