6. Debido a la naturaleza de los beneficios que el Gobierno -tanto el de transición como el en ejercicio- durante el 2020 estableció como prioridad para los proyectos aprobados por el BID -sobre todo los bonos- no es posible tener data confiable respecto al número de beneficiarios y las condiciones de pobreza en la que se encontraban. La pretendida universalidad, encubre datos sobre los sectores más vulnerables. Tampoco se ha establecido cuánta gente que debió cobrar no lo hizo o quienes no debían cobrar lo hicieron. En esta materia, falta todavía encarar la eficiencia de los sistemas de información, la actualización de los datos y la transparencia de los mismos. 7. Los proyectos en etapa de preparación y operación del BID, como los de toda la banca multilateral, se enfrentaron a una gran cantidad de dificultades por medidas relacionadas con el aislamiento y la cuarentena, cierre de fronteras, cierres de departamentos y municipios al interior del país. Como consecuencia, la imposibilidad de continuar con la ejecución, que implicó cambios circunstanciales para los ejecutores y beneficiarios, también significó pausas en el cumplimiento de los planes de seguimiento y monitoreo a temas ambientales y sociales. La propia organización pidió el repliegue de todos sus funcionarios a la modalidad de trabajo en casa desde marzo de 2020. 8. La máxima prioridad de los gobiernos -incluido el de Bolivia- fue frenar el avance del virus y reducir la tasa de infección mediante iniciativas que debían reforzar los sistemas de salud públicos y adoptar medidas de respuesta socioeconómica. En ese contexto, temas como la protección del medioambiente y de los derechos de la población indígena, no fueron parte de la agenda de prioridades. 9. El gobierno está implementando una serie de estímulos para reactivar el crecimiento económico, que podrían llegar a revertir los logros medioambientales del país por la contradicción en las propias normas y la imposibilidad de ejercer mayor control. Un ejemplo son las medidas adoptadas en relación a los alimentos transgénicos. 10. Se omite hablar y actuar con especificidad de la situación de los indígenas en general y en particular de pueblos indígenas que por la distancia se encontraron ante el abandono de los niveles de Estado. Ninguna de las medidas aprobadas estableció disposiciones específicas para los pueblos indígena originario campesinos, que tuvieron que desplazarse desde los territorios más remotos hacia los centros poblados para acceder a ciertos subsidios, alimentos o medicamentos. 11. Comunicar los hechos sobre la situación a medida que se desarrollan, así como transmitir los pasos preventivos necesarios requiere una mezcla de recursos de comunicación que sean claros, consistentes y fácilmente comprendidos por un público diverso. Generalmente, lo que ocurre es la saturación de fuentes con diferentes niveles de calidad y confianza, mezclando hechos y opiniones. La alta politización de la pandemia en Bolivia generó mayor desinformación. Existe el reto de continuar informando y promoviendo la participación de las partes interesadas en la toma de decisiones para proyectos que impactan sus vidas y medios de subsistencia en medio de las restricciones. La respuesta obvia parecería ser poner los datos en línea y esperar a que la comunidad afectada lea y responda. Desafortunadamente es un completo fracaso en los casos en que las comunidades tienen acceso limitado o nulo a Internet o escasas habilidades para acceder a la información. 47