mayo un segundo comunicado (BID, 2020 g), en el que aclara su rol en la compra de equipamiento y finalmente un tercero (BID, 2020 h) en el que anuncia una investigación de su Oficina de Integralidad Institucional.31 Hasta abril de 2021, no se conocieron hallazgos en esa investigación, sin embargo en el país existe un proceso por presunta corrupción. Adicionalmente, los medios32 también denunciaron una presunta “intención” de compra o “compra fallida” por parte del Ministerio de Energía de equipamiento médico con financiamiento BID. Se trataría también -si se hubiese concretado- de un redireccionamiento de una operación aprobada. A partir de entonces el BID no anunció más redireccionamientos de fondos -que pudo significar recursos para poblaciones vulnerables- y en general los anuncios de cooperación fueron mesurados y congelados en muchos casos. Este caso revela un problema significativo a la hora ejecutar los proyectos referido a la debilidad de las unidades ejecutoras de los proyectos que reciben financiamiento del BID y en este caso también del BM. La Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (AISEM) es una institución pública bajo tuición del Ministerio de Salud que por norma recibe el mandato de la adquisición de insumos, equipamiento para enfrentar el COVID. Este caso paralizó su funcionamiento por varios meses en plena pandemia. Imposibilidad de realizar procesos regulares La cartera en ejecución del BID en Bolivia hasta fines de 2020 estaba compuesta por 32 operaciones con garantía soberana por más de 2.800 millones de dólares. La cartera en ejecución de cooperaciones no reembolsables, superaba los 60 millones de dólares. En cuanto al BID Invest la cartera estaba compuesta por seis operaciones por más 50 millones de dólares. Adicionalmente se tenían proyectos en etapa de preparación en distintos sectores. Los proyectos en etapa de preparación y operación se vieron enfrentados a dificultades que se cree llegaron a paralizarlos en cierta medida, por las medidas relacionadas con aislamientos y cuarentenas, cierre de fronteras, cierres de departamentos y municipios al interior del país. Todas las operaciones que lo requerían debieron estar sujetas a verificaciones regulares de monitoreo y control, que en el caso del BID -a través de los PMR- implican el seguimiento a temas sociales y ambientales. Las medidas tomadas para contener el coronavirus tuvieron impacto en la realización de las actividades previstas sobre el terreno que se hicieron de modo virtual (o telefónico) o no se hicieron. Adicionalmente el propio BID admite que carece de un marco de políticas de salvaguardia integrado y completamente coherente, aspecto que facilitó el incumplimiento de toda la normativa. Por ejemplo, el PMR de junio a julio de 2020 del proyecto Programa de Mejora en la Accesibilidad a los Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia33, en referencia al cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales dice “Se evidencia avances limitados 31 La Oficina de Integridad Institucional (OII) es una unidad independiente subordinada directamente al Presidente del Grupo del Banco que se ocupa de la investigación de denuncias de fraude, corrupción, colusión, coerción y obstrucción y otras prácticas prohibidas en las actividades que financia. La OII sanciona personas y empresas, no autoridades o sus gobiernos. 32 https://www.la-razon.com/sociedad/2020/06/25/transparencia-indaga-el-fallido-proceso-de-compra-de-respiradore s-que-gestiono-el-ministro-de-energias/ 33 Proyecto asociado a la crisis del COVID por el redireccionamiento de fondos que se hizo del mismo. 44