22 Préstamos del BID durante la pandemia de la COVID-19: caso Bolivia El mismo informe señala: «El país aún no cuenta con información estadística a nivel nacional, departamental y municipal desagregada para pueblos indígenas, tasas de mortalidad, aumento del riesgo de infección, entre otros aspectos, lo cual repercute en la falta de una política pública en salud que prevenga y proteja a los pueblos indígenas» (Defensoría del Pueblo, 2020, pág. 2). Algunas ONG han realizado procesos de recolección de información de contagios de COVID-19 en población indígena. Así, el CIDOB, al 31 de mayo de 2020, informó que «hay 57 indígenas con coronavirus, 20 fallecidos y 165 sospechosos, que en su mayoría se concentran en áreas urbanas» (Página Siete, 2020). El Informe de la Defensoría cerrado al 19 de junio del 2020 señala: «Existirían 64 casos confirmados de indígenas en TIOC: 5 cayubabas, 14 guarayos, 17 yuquis, 17 guaraníes y 11 chiquitanos. Asimismo, ese monitoreo devela la posibilidad de que 49 TIOC se encuentran amenazadas por la presencia de casos de COVID-19 en cercanías» (Defensoría del Pueblo, 2020, pág. 2). Alerta de una «alta incidencia de COVID-19 en los municipios de Villa Tunari, Chimoré, Entre Ríos, Ivirgarzama y Shinaota del trópico de Cochabamba, y de Exaltación en el departamento de Beni, lo cual repercute en un posible riesgo de extinción física y cultural por tratarse de pueblos en situación de alta vulnerabilidad, en el primer caso el pueblo yuqui, que cuenta con antecedentes de tuberculosis y fibrosis pulmonar, y en el segundo constituido por los cayubabas, pueblo demográficamente reducido y con procesos de aculturación» (Defensoría del Pueblo, 2020, pág. 2). El Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de Bolivia (OPDIB), al 29 de enero de 2021, señala: «De acuerdo a datos de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), solo hasta octubre se superaron los 70 000 casos confirmados y 2000 decesos de indígenas en esta región» (ODPIB, 2021). En julio de 2020 la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), que aglutina a los diez pueblos indígenas del norte del departamento, se declaró en emergencia ante la presencia de «casos altamente sospechosos de coronavirus entre los habitantes de los pueblos indígenas Araona y Mosetenes, afiliado a esta organización» (Correo del Sur, 2020). Las restricciones en la cuarentena por circulación, transporte, funcionamiento de mercados y ferias ha afectado según, la Defensoría, a los pueblos indígenas Guaraní, Weenhayek, Tapieté, Yuqui, Tacana, Uru del lago Poopó, Moseten, Leco, Tsimane, Uchupiamonas, Ese Ejja y Araona sobre todo en su medio de vida y sustento económico. La Defensoría señala: «Muchos de ellos no pudieron cobrar bonos ni contar con el acceso a canastas familiares por barreras geográficas, económicas y hasta de acceso a documentos de identidad, existiendo una particular preocupación por 1722 habitantes de las tierras comunitarias de origen (TCO) Chacobo, Pacahuara, Cavineños y Tacana Cavineños del departamento» (Defensoría del Pueblo, 2020, pág. 2). Estas limitaciones también afectarían a grupos aimara y quechuas con la producción de hortalizas y verduras, con la producción de leche y almendras. Un informe de Caritas Bolivia sobre el impacto de la COVID-19 en los Derechos de los Pueblos Indígenas señala: «La información emitida por el Gobierno boliviano sobre los efectos de COVID-19 en los pueblos indígenas no se refleja. Los pueblos indígenas carecen de acceso a servicios de salud, servicios básicos como el agua, a medios de comunicación y, por tanto, a campañas de información sobre la COVID-19 y sus formas de prevención en sus propios idiomas originarios. Se debió realizar acción previa de consulta a los pueblos indígenas analizando su realidad y sus necesidades del lugar, de modo que fueron los mismos comunarios quienes decidieran qué alimentos, insumos de higiene y bioseguridad eran prioritarios para ser otorgados a través de la ayuda humanitaria.