23 Préstamos del BID durante la pandemia de la COVID-19: caso Bolivia Las medidas de confinamiento optadas por los diferentes niveles de gobierno para evitar la propagación del virus acentúan aún más la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, en diferentes ámbitos: • Social. Los efectos del cambio climático como las fuertes sequías, heladas e incendios en gran parte de las regiones del país dejaron a las poblaciones indígenas que habitan en dichas regiones en una situación crítica en relación con el acceso a alimentos. • Económico. Las limitaciones del acceso, de la producción de los comunarios a los centros poblados, como también del abastecimiento de insumos para su producción, ha generado de cierta 1.3. manera el desempleo y, por tanto, la imposibilidad de generación de ingresos para sus hogares. • Ambiental. El territorio se ha visto expuesto al extractivismo ilegal de los recursos naturales, al ecocidio ante la quema descontrolada que beneficia al agronegocio, todo en desmedro de la producción comunitaria y familiar. Se han seguido cometiendo abusos contra las poblaciones indígenas, es el caso de la aprobación desde el Gobierno central del Decreto Supremo 4232 que da vía libre para que en Bolivia se usen las semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya (Caritas, 2020). Marco legal nacional Para este estudio se analizan las legislaciones vigentes en lo ambiental e indígena. A continuación se presenta el marco legal ambiental a nivel nacional que regula la evaluación de riesgos ambientales y sociales de los proyectos, así como de políticas enfocadas en el aprovechamiento de recursos naturales, que impactan en los derechos humanos y en la toma de decisiones de los pueblos indígenas. La revisión recorre desde la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de la Madre Tierra hasta leyes específicas como la medio ambiente y forestal. 1.3.1. Marco legal ambiental En lo referente a la normativa ambiental general debemos señalar que estudios realizados coinciden en que el país tiene una normativa ambiental suficiente, aunque se han detectado retrocesos a través de otras normas. «Bolivia tiene una normativa e institucionalidad para la gestión ambiental desarrollada continuamente desde hace dos décadas, como en muchos casos, el país fue pionero en establecer estructuras estatales para enfrentar —en esos momentos, fines de la década de los ochenta— los desafíos que empezaba a imponer el orden mundial, los que terminarían de clarificarse a partir de la llamada Cumbre de la Tierra o Río 92» (Castro, Ferrufino, Taucer & Zeballos, 2014, p. 14).