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Préstamos de las instituciones financieras de desarrollo en Perú
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CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
L
a finalidad del presente estudio es
describir los préstamos para que
la sociedad civil esté informada y
formule recomendaciones adecuadas.
Sin embargo, existen dificultades en el
acceso a la información de los diferentes
prestamos que no permiten identificar los
impactos que han generado en materia
socioambiental, ya que los documentos
presentados por los banco y el Gobierno
no brindan un panorama completo y
tampoco hay una evaluación sobre los
beneficios finales de estas iniciativas.
La crisis sanitaria que llegó a la región
en marzo de 2021 ha significado para
los Gobiernos de la región una serie de
desafíos a nivel de gestión pública y
económica. En ese sentido, la ayuda de
las IFD, en el caso peruano, se centró
en la recuperación tanto por el monto
que fue desembolsado como por la
diversidad de la ayuda que se recibió.
Como se ha podido evidenciar, los
préstamos justificados en la COVID-19
no solo se centraron en la salud, sino
también en los mercados económicos,
en la educación y en la mejora de
servicios para la población vulnerable.
Sin embargo, la prioridad de las IFD y del
Gobierno peruano ha sido la reactivación
económica y frenar el avance del virus.
Por esa razón, el enfoque se encuentra
en flujos para mejorar los programas del
Estado en esas dos áreas, mediante el
reforzamiento de programas de apoyo
económico y los sistemas de salud
públicos.
Los temas como la protección del
medioambiente y de los derechos de la
población indígena no fueron parte de
la agenda de prioridades del Gobierno
ni de las instituciones de financiamiento
regional. Ello necesita ser una prioridad
en los próximos años, si los Gobiernos
optan por una visión de sostenibilidad
ambiental en sus inversiones, así como
mejorar los canales de transparencia y
acceso de información de los diversos
proyectos.
A continuación, se brindan las siguientes
recomendaciones a partir de lo analizado
en el presente informe:
• La inserción de capitales a largo plazo debe ser un claro protagonista de los
estímulos fiscales para fomentar el empleo y el crecimiento. Una alternativa
para ello es el desarrollo de infraestructura sostenible, que respete derechos y
disminuya las brechas de la falta de servicios básicos.